Como es conocido a través de los medios de comunicación, la Sala de
lo Social, sección 4, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
sentencia dictada hace unas semanas, declaró “
no ajustado a Derecho”
el expediente de despido colectivo que afecta a 925 trabajadores del
Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades. La resolución no
es firme, por haber sido recurrida en casación, tanto por los sindicatos
demandantes –CC.OO., U.G.T. y C.G.T.- como por la empresa, ante el
Tribunal Supremo.
Curiosamente, Ignacio González, el Presidente de la misma Comunidad
de Madrid que sostenía en el juicio la plena legalidad y procedencia de
la extinción, declaró públicamente sentirse “satisfecho” tras
la sentencia. No se entiende bien cómo se puede sentir “satisfacción”
cuando se está sustanciando la pérdida de centenares de puestos de
trabajo, pero menos aún el día en que se conoce que el coste económico
de esa decisión para los ciudadanos se multiplicará, al declararse por
la Justicia su improcedencia.