¿Hay Derecho?, 24.02.2015
Meses atrás, la noticia y los testimonios
gráficos del desalojo
de Carmen, una mujer de 85 años que se vio obligada a abandonar su vivienda
en el barrio madrileño de Vallecas, conmovieron a buena parte de la sociedad. Detrás
del drama humano, un dato llamó enseguida la atención: el lanzamiento no lo
instaba esta vez una entidad bancaria, sino un prestamista con nombre y
apellidos. El ejecutor se había beneficiado de un chollo inmobiliario (adjudicarse
piso y plaza de garaje en Madrid capital por un importe entre un tercio y la
mitad de su valor real) despojando a una persona mayor del único patrimonio que
tenía tras toda una vida de esfuerzos.
Hace unas semanas, otro lanzamiento, el de Umberto, en el barrio de Tetúan de la capital de España,
atraía de nuevo la atención informativa y reabría el debate. En esta ocasión,
el ejecutor era un controvertido prestamista, denunciados por decenas de
familias de toda España en los últimos años por presuntas estafas, con al menos
tres detenciones policiales a sus espaldas e imputado en varios juzgados
madrileños.