Cada vez más, nuestros políticos actúan como si las leyes por sí solas pudieran cambiar las cosas. No es que ellos lo crean así, sería demasiada ingenuidad. Sucede, seguramente, que han llegado a la conclusión de que, como resolver problemas complejos es a su vez complejo, resulta más vendible y electoralmente más rentable promulgar una ley. Cuando se quieran evaluar los resultados de la misma, ya habrá transcurrido un plazo razonable, con lo cual habrá ocasión para renovar la confianza electoral, para echar la culpa a los ciudadanos (esos señores que no compran conejo en Navidad y que dejan un euro de propina cuando toman café, los muy irresponsables), para que la gente se haya distraído en otras cuestiones... o para huir hacia delante promulgando una nueva ley que sustituya a la anterior.
Yo sí creo que las leyes son necesarias para cambiar las cosas, pero no suficientes. La realidad es más compleja y, como señala el artículo 9.2 de la Constitución, los poderes públicos tienen la obligación de promover condiciones, buscar efectividad, remover obstáculos, incidir socialmente…Como eso es indudablemente difícil, los políticos se quedan en la mera proclamación formal de derechos, obligaciones y principios.